El Concejo Deliberante aprobó la suba para enero, en un contexto de ajuste acumulado del 260% desde 2023. La oposición y gremios municipales cuestionan el impacto de la medida, mientras el municipio enfrenta críticas por la continuidad de la tasa de alumbrado público y los gravámenes a combustibles.
El gobierno de Ituzaingó impulsa un incremento del 10% en la Tasa de Servicios Generales (TSG), a partir de enero de 2025, pese a que la actualización acumulada desde 2023 alcanza el 260%. La medida fue aprobada en el Concejo Deliberante mediante una ordenanza preparatoria que será refrendada en la Sesión de Mayores Contribuyentes. Desde el oficialismo argumentaron que el ajuste responde al desfase entre la inflación y las actualizaciones por Índice de Precios al Consumidor (IPC) aplicadas este año.
El contador Marcelo Nadal, representante del bloque peronista, defendió el aumento explicando que los meses de enero y febrero no tuvieron ajustes por IPC, lo que generó un rezago en los ingresos municipales. Sin embargo, la medida fue cuestionada por gremios municipales, quienes señalaron que el mecanismo de actualización de tasas no tuvo correlato en los salarios. A lo largo de 2024, los trabajadores obtuvieron aumentos parciales del 20% en abril y 25% en julio, pero algunos sindicatos ya pidieron la reapertura de paritarias.
El oficialismo también enfrenta críticas por la continuidad de la “tasa de alumbrado público”, incluida en las boletas de Edenor gracias a un fallo preventivo. Nadal argumentó que este cargo es necesario para compensar la baja cobrabilidad de la TSG, que se encuentra en un 54%. Según el funcionario, sin esta tasa, los costos del alumbrado público deberían incorporarse directamente a la TSG, aumentando la presión sobre los contribuyentes cumplidores.
La oposición rechazó la medida, señalando que el proyecto no modifica la cláusula gatillo, lo que permitiría futuros aumentos automáticos. Gabriel Pozzuto (JxC-Pro) y Juan Larralde (LLA) criticaron el impacto de las políticas fiscales sobre las Pymes y los comercios locales, argumentando que la prioridad debería ser la racionalización del gasto público. En línea con estas posturas, el interbloque Pro-Libertario adelantó su voto negativo en la sesión definitiva.
Por otro lado, el Ministerio de Economía prepara acciones legales contra municipios que aplican gravámenes a la venta de combustibles, argumentando doble imposición. Ituzaingó está en la lista de distritos que serán denunciados, al igual que ocurre con la tasa de alumbrado público. Estas disputas legales ponen en evidencia las tensiones entre los gobiernos locales y la Nación en torno al financiamiento municipal y el impacto de los ajustes sobre los contribuyentes.