El régimen de Daniel Ortega aprobó una nueva ley que impone penas de cárcel por publicaciones en redes sociales que considere subversivas o peligrosas.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles, por unanimidad y con carácter de urgencia, una nueva ley que castiga con penas de prisión a quienes publiquen contenido considerado desfavorable para el régimen de Daniel Ortega en redes sociales. Esta medida, vista como una extensión de la represión gubernamental, impone penas de hasta 10 años de cárcel y multas a ciudadanos dentro y fuera del país que, según el oficialismo, “provoquen alarma, temor, pánico o zozobra” entre la población.
La nueva ley establece que las personas que publiquen información que promueva la violencia, el odio o que supuestamente afecte la estabilidad económica y social de Nicaragua enfrentarán entre cinco y diez años de prisión. Para publicaciones que generen alarma o pánico, las penas oscilarán entre tres y cinco años. A pesar de las duras críticas de sectores opositores, que ven esta medida como una “ley mordaza”, el gobierno de Ortega defendió la normativa afirmando que refuerza la lucha contra el “delito informático”.
Uno de los aspectos más cuestionados es la falta de definiciones claras sobre qué constituye “información falsa” o “tergiversada”, lo que deja en manos de jueces alineados con el sandinismo la interpretación y aplicación de la ley. Desde el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) se ha denunciado que esta ambigüedad permitirá criminalizar cualquier contenido que incomode al régimen, restringiendo la libertad de expresión aún más en el país.
Escalada en la represión digital
La nueva ley se suma a una serie de medidas que, desde las protestas de 2018, han intensificado el control del gobierno sobre la disidencia y los medios de comunicación. En 2020, el régimen ya había implementado una ley de ciberdelitos que llevó al encarcelamiento de periodistas y opositores acusados de difundir “noticias falsas”.
El abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica, Salvador Marenco, alertó que esta nueva ley representa una “materialización del control total de las redes sociales”. Marenco subrayó el papel crucial que han tenido las plataformas digitales para documentar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y señaló que esta política de censura busca neutralizar cualquier voz crítica, incluso fuera de las fronteras del país.
Destierro de presos políticos y confiscación de bienes
La ofensiva del régimen no se detiene en el ámbito digital. Recientemente, Nicaragua desterró formalmente a 135 presos políticos que habían sido trasladados a Guatemala por Estados Unidos, despojándolos además de todos sus bienes. Según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, estos opositores fueron condenados por delitos contra la soberanía nacional y promovieron “violencia, odio y terrorismo”. Con esta acción, ya son 451 los nicaragüenses a quienes el gobierno de Ortega ha despojado de su nacionalidad.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el creciente aislamiento de Nicaragua y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta nueva ley reafirma el rumbo del gobierno sandinista hacia el silenciamiento absoluto de las voces disidentes, mientras persisten los cuestionamientos sobre la legitimidad de las acciones del régimen tanto dentro como fuera del país.