Alarma entre los ciudadanos por la mala comunicación del nuevo gobierno sobre los impuestos que harían subir los costos de la gasolina y el diésel.
Los primeros pasos del nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva han imitado a los de un camarón: uno adelante y dos atrás. De los más de 50 decretos y 15 medidas firmadas o sólo anunciadas oficialmente por la nueva administración, algunas el mismo día de su investidura el domingo, en no menos de tres el gobierno ha dado repentinamente un paso atrás sin dar ninguna explicación exhaustiva del cambio de rumbo. Y no son medidas menores.
Se trata de la decisión sobre la prórroga de la exención del impuesto sobre la gasolina, la medida sobre el futuro de la gestión del saneamiento y la reforma de las pensiones. Las consecuencias de esta política de proclamas y luego acciones que las contradicen no han tardado en manifestarse. En tres días, la bolsa brasileña se ha desplomado de un 3% y el dólar y el euro se han fortalecido, alcanzando esta semana los máximos de los últimos 10 meses, llegando el martes a 5,48 y 5,82, respectivamente.
Lo que desató el frenesí en los mercados y asustó a los ciudadanos fue la esquizofrénica comunicación del gobierno sobre la medida provisional MP1157, que establece la exención de impuestos federales sobre la gasolina. Esta medida se convirtió en la verdadera primera prueba de fuego de la era Lula, porque reveló las complejas y contradictorias dinámicas dentro del Partido de los Trabajadores (PT) que parecen controlar la dirección de la nueva administración y corren el riesgo de bloquear el desarrollo económico del país.
La exención había sido instituida por el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, en junio pasado hasta el final de 2022 para frenar el alza de los precios de la gasolina y, en consecuencia, la inflación. Era, sin embargo, en el plan de Guedes, una medida provisional ampliable sólo un mes en 2023 a la espera de que el Congreso aprobara una reforma fiscal este año. Guedes había propuesto a su sucesor Fernando Haddad si quería la extensión. Sin embargo, antes de la toma de posesión de Lula, el 27 de diciembre, Haddad la rechazó preocupado por el déficit primario de más de 230.000 millones de reales (42.000 millones de dólares) al que se enfrenta el nuevo gobierno después de que el Congreso aprobara, con una modificación constitucional (PEC), un nuevo presupuesto fuera del techo máximo fiscal establecido.