Los nuevos valores ya superan los $53.000 para autos y los $21.000 para motos, con otro incremento previsto para febrero de 2025. Las licitaciones y concesiones del sistema están bajo investigación por presuntas irregularidades y vínculos políticos.
Desde este mes, el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires aumentó un 21%, alcanzando $53.819,26 para autos y $21.527,47 para motos. En tanto, vehículos de más de 2.500 kilos deben abonar $96.873,58, y los remolques y acoplados, dependiendo de su peso, pagan entre $32.291,19 y $48.436,79. En la Ciudad de Buenos Aires, los valores son similares, con una tarifa de $52.878,21 para autos y $19.882,72 para motos. Desde febrero de 2025, el costo superará los $60.000 para los autos en territorio bonaerense, lo que marcará un aumento del 100% en solo seis meses.
El Ministerio de Transporte bonaerense, liderado por Jorge D’Onofrio, enfrenta denuncias por irregularidades en la licitación de 2023 que otorgó el sistema de VTV a siete consorcios para operar en las 16 zonas en que fueron divididos los municipios de la provincia. Entre los beneficiados se encuentra Applus Iteuve Argentina S.A., una multinacional que administra concesiones en el oeste del conurbano y otras regiones estratégicas como el sur y la costa atlántica bonaerense, con un volumen estimado de 520.000 inspecciones anuales. Las denuncias señalan que estas concesiones, junto con las fotomultas, estarían funcionando como una “caja” política.
En territorio bonaerense, contar con la VTV vigente es un requisito obligatorio en los controles viales. No cumplir con esta norma puede derivar en multas de entre $390.000 y $1.330.000, según las Unidades Fijas determinadas por el costo del combustible. Estas penalidades refuerzan la presión sobre los propietarios de vehículos en medio de un contexto de ajustes tarifarios y cuestionamientos a la transparencia del sistema.
Las sospechas también alcanzan al entorno político del ministro. La semana pasada, el Concejo Deliberante de Pilar desplazó a Claudia Pombo, pareja de D’Onofrio, de la presidencia del cuerpo. Según denuncias judiciales, Pombo estaría involucrada en una red de coimas para eliminar multas de tránsito a cambio de porcentajes sobre las infracciones. Se presume que esta estructura operaba con la complicidad de jueces de faltas, abogados y gestores.
Mientras las tarifas de la VTV siguen en ascenso y las denuncias sacuden a los involucrados, la continuidad de estas concesiones y sus condiciones de adjudicación permanecen bajo la lupa, mientras crecen los reclamos de mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.