En una reunión paralela a la Asamblea General de la ONU, más de 40 países y organismos internacionales denunciaron el fraude electoral en Venezuela y las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura de Maduro. Exigieron el respeto al triunfo de Edmundo González Urrutia y el fin de la represión contra la oposición.
En el marco de las sesiones de la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos y Argentina impulsaron hoy una contundente ofensiva diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, denunciando el fraude en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela, así como las continuas violaciones a los derechos humanos, la represión ilegal y la vulneración de principios democráticos. Los países participantes reafirmaron su apoyo a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones y exigieron que se respeten los resultados.
En un hotel cercano a la sede de las Naciones Unidas, diplomáticos de más de 40 países y representantes de organizaciones como la Unión Europea, la OEA y el Centro Carter, se reunieron para analizar la grave situación en Venezuela. El encuentro se centró en la represión sistemática del gobierno chavista, que incluye detenciones arbitrarias y abusos generalizados. Entre los episodios más recientes se destacó el asedio a la Embajada argentina en Caracas, donde se encuentran refugiados seis activistas vinculados a la opositora María Corina Machado.
La reunión fue encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la canciller argentina, Diana Mondino. Ambos líderes buscaron reforzar la presión internacional sobre el régimen de Maduro. Uno de los puntos más relevantes fue el informe presentado por el Centro Carter, que denunció las irregularidades cometidas por el gobierno venezolano durante los comicios. “El sistema electoral venezolano es plenamente funcional, y el gobierno conoce los verdaderos resultados”, advirtió la organización.
Los países reunidos trabajan en una declaración conjunta que expresa su preocupación por la situación en Venezuela, particularmente tras las elecciones del 28 de julio, en las que el chavismo sufrió una derrota que aún no ha sido reconocida oficialmente. El documento denuncia la falta de transparencia en el proceso electoral y la negativa de la Comisión Nacional Electoral a divulgar los resultados completos, lo que ha generado desconfianza tanto entre los ciudadanos como a nivel internacional.
La declaración, en proceso de finalización, critica la represión desatada tras las elecciones, que ha incluido arrestos arbitrarios, torturas, y la persecución de opositores. Uno de los casos más alarmantes es el de Edmundo González Urrutia, quien ganó las elecciones pero se vio obligado a abandonar el país tras emitirse una orden de captura en su contra por motivos políticos.
El texto también llama a la liberación inmediata de todos los presos políticos y al cese de la violencia contra la oposición y la sociedad civil. Asimismo, solicita que se permita el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a Venezuela, para supervisar la situación en el terreno, y exige que se otorgue un salvoconducto a los seis refugiados en la Embajada argentina.
Por último, la declaración exhorta a los líderes venezolanos a entablar un diálogo inclusivo para facilitar una transición pacífica y restaurar las instituciones democráticas, conforme a la ley y la voluntad popular. El documento finaliza con un mensaje de solidaridad hacia los venezolanos que continúan luchando por un futuro democrático y seguro.